martes, 23 de noviembre de 2010
Invitación: Charla con expertos forenses de Argentina en Londres 38
INVITACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Confirmar asistencia en : confirmaciones@indh.cl o al 2-8878800
INVITACION A SEGUNDA CLASE DE ESCUELA SINDICAL
Esta clase, la segunda del módulo: “Historia del Movimiento Obrero”, la dará el historiador Sergio Grez Toso y se titula: “Movimiento popular y movimiento obrero, 1850-1925”, quien publicó un libro con su investigación al respecto.
Se referirá a una síntesis histórica de los principales hitos que significaron el tránsito desde una fase caracterizada por el mutualismo y otras iniciativas regenerativas populares inspiradas por una idea de cooperación de los trabajadores entre sí, a la fase de la emergencia y desarrollo del sindicalismo libre y de las ideologías clasistas de redención social (del anarquismo y del socialismo), para terminar en los inicios del sindicalismo legal y las bases del "Estado de compromiso" que empieza a construirse a mediados de la década de 1920.
Nuestro Centro es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito es la formación de trabajadores integrales para enfrentar la realidad sindical de nuestros tiempos. Por tanto, la invitación es abierta y gratuita. Este curso contempla los siguientes Módulos:
Historia del Movimiento Obrero.
Legislación Laboral.
La Organización Sindical y su lucha en Chile hoy.
Para mayor información, favor llamar a los gremios:
Teléfono ASOCIACION: 5767394 hábil desde 10 a 18 horas, Lunes a Viernes.
Teléfono SITERMAC: 6980232 hábil desde 19 a 20 horas, Lunes a Viernes.
Informamos que la clase inaugural, a cargo de economista e investigador Rafael Agacino, contó con la participación de 25 trabajadores y dirigentes sindicales, de los gremios patrocinadores así como invitados, mayormente de la salud y bancarios.
Dada la claridad expositiva así como lo interesante de los instrumentos análisis para comprender los procesos de toma de conciencia y los períodos por los que ha atravesado el movimiento obrero para construir su proyecto propio, la clase terminó con un aplauso cerrado. El compañero Rafael Agacino quedó invitado para participar en el tercer módulo, con que concluye esta Escuela de Formación Sindical, referido a las luchas de los trabajadores en el Chile de hoy.
CENTRO DE FORMACION SINDICAL
Director: Ricardo Frodden
“LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES,
SERÁ OBRA DE LOS PROPIOS TRABAJADORES” ,
Luís Emilio Recabarren.
ORGANIZACIONES PATROCINADORAS:
SINDICATOS SITERMAC, COANIL Y Nº 2 VOX BANCO SANTANDER
Y ASOCIACION HOSPITAL EL PINO.
Amnistía Internacional- Noticias al 3 de Noviembre
Necesitamos tu apoyo : Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria
Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria:COMO SI VEINTE AÑOS NO FUERAN NADA
Un claro retroceso en materia de derechos humanos y memoria introduce el Proyecto de Ley de Presupuesto, presentado por el ejecutivo, para el año 2011. En dicho proyecto se suprime el financiamiento otorgado por primera vez, en 2009, a través de la Ley de Presupuesto, a instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al rescate de la memoria, como la Corporación Villa Grimaldi y Londres 38, y se reemplaza por un fondo concursable abierto a todo tipo de “instituciones colaboradoras” del Estado.
A fin de descalificar la decisión adoptada por el anterior gobierno y aprobada por el Congreso Nacional, representantes del actual gobierno y de la derecha han afirmado que esta asignación fue una concesión a “grupos de presión afines a la anterior administración”, desconociendo que la aprobación de esos recursos fue resultado de un largo proceso, en el que amplios sectores de la sociedad luchamos, durante décadas, por verdad y justicia, exigiendo al Estado el reconocimiento de sus responsabilidades en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, y demandando una política de reparación del grave daño provocado a la sociedad.
El actual gobierno parece desconocer que todo Estado democrático tiene el deber de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en particular aquellos relacionados con la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos en su representación y bajo su responsabilidad. También parece ignorar que ello conlleva el deber y la responsabilidad de garantizar el derecho a la memoria, no para instaurar una visión única, sino para asegurar su ejercicio con autonomía y libertad.
Lo anterior es particularmente importante en una sociedad como la nuestra en la que conviven diversas memorias sobre el periodo, en la que aún no existe un consenso ético de condena irrestricta a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Aún hay sectores sociales y políticos de gran influencia, que niegan estos hechos o los justifican como parte de un proceso de restablecimiento del “orden”. Conscientes de ello, ya en 1991, los miembros de la Comisión Rettig –entre ellos destacados representantes de la derecha chilena--, establecieron en su informe final un conjunto de Recomendaciones de reivindicación y reparación simbólica para que "en el plazo más prudente, la autoridad tenga a bien disponer las medidas y recursos necesarios para dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las victimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social", recomendación que el actual gobierno claramente ha desoído.
Luego, como forma de responder a las iniciativas de construcción de memoriales y monumentos a lo largo del país, por parte de diversas comunidades, el ejecutivo comenzó a destinar recursos a este fin, a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.En 2008, por primera vez se constituyó una Mesa bipartita de trabajo encargada de elaborar un proyecto para un ex centro de detención, tortura y exterminio (Londres 38). Esta instancia estuvo integrada por las organizaciones de la sociedad civil que demandaban la recuperación del lugar y diversos organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Intendencia Metropolitana, el Museo Histórico Nacional y la Asesora Presidencial en materia de derechos humanos.
Producto de la labor de la Mesa, las máximas autoridades de estos organismos asumieron el compromiso de proveer financiamiento público permanente para sustentar la gestión de este espacio de memoria, lo que se materializó en la Ley de Presupuesto 2010 en la cual, por primera vez, se asignaron recursos para la habilitación y funcionamiento de un sitio histórico de este tipo. Durante el año 2009, el ejecutivo también acogió la demanda del ex centro de detención Villa Grimaldi que, desde hacía varios años venía demandando que el Estado asumiera su responsabilidad en la mantención del espacio, rescatado de una venta ilícita a comienzos de los años 90. En virtud de la continuidad de los actos y decisiones del Estado, éste no sólo es responsable de los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados por la dictadura y acreditados por tres comisiones ad hoc e innumerables fallos judiciales.
También es cómplice y responsable del ocultamiento de la verdad y del sistemático “borrado” de huellas que llegó hasta la demolición de los ex centros de detención, tortura y exterminio que amenazaban con constituirse en testimonios elocuentes de lo vivido.
Ahora, con la modificación del Presupuesto 2011, el actual gobierno parece decidido a llevar a cabo una nueva borradura de ese pasado en lugar de reconocerlo como lo que es: parte constitutiva del patrimonio y la memoria nacional, y una contribución al conocimiento y comprensión del pasado y, sobre todo, a la profundización de la democracia del presente.
Quienes suscribimos la presente declaración solicitamos al ejecutivo y al Congreso Nacional se garantice el cumplimiento de los compromisos señalados, en tanto éstos constituyen un avance en materia de políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y la memoria.
Santiago, 20 de octubre de 2010
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Londres 38, espacio de memorias Comisión Ética contra la Tortura
Adhiere a esta declaración por el derecho a la memoria enviando nombre y número de carnet (o nombre de la institución que representas) a:
villagrimaldi@villagrimaldi.cl o llámanos al 292 5229
Declaración con motivo del 30 aniversario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI)
Formulo la siguiente declaración en nombre de la Federación Española deAsociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (que agrupa a 14organizaciones de derechos humanos, incluida la AEDIDH), y de la World Associationof Former UN Interns and Fellows (WAFUNIF), ambas con estatuto consultivo.
LAS DESAPARICIONES FORZADAS: TREINTA AñOS DESPUéS
Treinta años después de creado el GTDFI, los familiares de los desaparecidosde todo el mundo entienden que el Grupo de Trabajo tiene ante sí dos desafíosprincipales:
1. Revisar y actualizar sus métodos de trabajo, a fin de que éstos sean mástransparentes y cercanos a las víctimas y sus familiares. A estos fines, elGT debería superar el tradicional enfoque “humanitario” de su mandato,para aplicar con criterios estrictamente jurídicos las normas contenidas en laDeclaración y en la Convención. Así se terminaría el tratamiento de cada casorecibido con una opinión individual sobre si el caso constituye una desapariciónforzada o no. En caso positivo, el GT señalaría las medidas de reparación quecorrespondan al Estado interesado. En este sentido, son fuente de inspiraciónlos métodos de trabajo del GT sobre la Detención Arbitraria.
2. El GT ha afirmado con razón que la desaparición forzada de personases un delito continuado en el tiempo y un crimen de lesa humanidadimprescriptible. En consecuencia, el GT debería ayudar a los familiares depersonas desaparecidas a recuperar la memoria histórica y la dignidad de lasvíctimas, recordando a los Estados su obligación internacional de investigarlos casos denunciados. El caso de España es paradigmático: 150.000 casosde desapariciones (de ellos 30.000 niños) ocurridas durante la Guerra Civily posterior represión franquista, siguen pendientes de investigación. Eljuez Garzón lo intentó. Fue suspendido de sus funciones hace 7 meses yprocesado por supuesta prevaricación. Su único delito ha sido no aplicar unaley de amnistía de 1977 que es incompatible con el DIDH.
Gracias, Sr. Presidente.
Ginebra, 5 de noviembre de 2010
Carlos Villán Durán, Presidente de la AEDIDH
Fernando Ruiz, Representante Permanente WAFUNIF
RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE - OCTUBRE 2010
28 de Octubre: La Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia por el homicidio del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Miguel Becerra Hidalgo, ocurrido entre el 26 y 29 de julio de 1974 en los terrenos de la ex Colonia Dignidad.En su fallo, los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal determinaron que Kurt Schnellenkamp Nelaismischkies deberá cumplir 541 días de presidio remitido por su responsabilidad como encubridor de homicidio. Igual pena se impuso a Rudolf Cöllen Franzkowsky, también en calidad de encubridor del hecho.En el aspecto civil, en tanto, se rechazó la demanda interpuesta en contra de los dos condenados acogiendo la figura de la incompetencia absoluta del tribunal.
lunes, 26 de julio de 2010
Indulto Bicentenario - Declaración Comando Unitario
Denunciamos el show de los indultos.
La iglesia católica entrego el miercoles21, su tan anunciada propuesta de Indulto Bicentenario. El revuelo mediático que se ha desatado en torno a esta petición, no se condice con los problemas reales del país, ni con la Verdad, ni con la Justicia.
La intención básica de una medida de clemencia para condenados por la justicia ordinaria -que corresponde en el contexto bicentenario-, quedo sepultada bajo el alud de declaraciones respecto a un eventual indulto a militares y carabineros detenidos en cárceles de lujo, por crímenes de lesa humanidad.
Según la legislación internacional, estos crímenes son imprescriptibles e inanmistiables; por extensión, no pueden ser indultables ni sujetos a prescripciones, como las que ha venido aplicando la Sala Penal de la Corte Suprema. Para la ciudadanía esta claro que otorgar indultos a violadores de los DD.HH. es totalmente contradictorio con el Nunca Más en chile y por tanto el bicentenario no puede ser una señal contradictoria.
El revuelo mediático al parecer es muy conveniente para algunos: la Iglesia Católica sacudida por escándalos sexuales, centra el foco en otros temas; Los mismos que consensuaron la Impunidad y proveyeron de Cárceles Exclusivas, pueden rasgar vestiduras y mostrar su renovada preocupación por las victimas. El Gobierno en el intertanto continua desmantelando los servicios sociales del aparato estatal, haciendo la vista gorda respecto a los proyectos empresariales que degradan el ecosistema y dañan la salud de la población, poniendo en cargos de responsabilidad a personajes con serios conflictos de intereses y subiendo las tarifas del transporte.
La grave crisis social que vive Chile, son caldo de cultivo para la delincuencia. En vez de dar oportunidades, en vez de invertir en industrias, escuelas y hospitales, la respuesta de las clases dominantes es + represión, + policías, + tecnologías de control social, + cárceles. Si la preocupación de la Iglesia fuera legitima, denunciaría –como lo hizo la Iglesia dirigida por el Cardenal Siva Henriquez- el pecado social del egoísmo, la voracidad y el abuso empresarial.
Si el compromiso de Piñera con los Derechos Humanos fuera real –como hizo alarde recientemente respecto a la disidencia cubana- liberaría de inmediato a los presos políticos mapuches, victimas de montajes, torturas, dobles procesos y condenas draconianas por el delito de reivindicar sus tierras ancestrales. Pondría atajo a los abusos y crímenes policiales contra mapuches y jóvenes pobladores y no tramitaría más los recursos para el Instituto de Derechos Humanos.
Las y los sobrevivientes de comisarías, regimientos, barcos, campos de prisioneros, centros de torturas, cárceles y Estadios, no comulgamos con ruedas de carretas. Sabemos que el Gobierno no tiene piso político para indultar a torturadores y asesinos, que a pesar de los compromisos asumidos por Piñera con los militares en retiro, no están las condiciones para excarcelar a los condenados por crímenes de lesa humanidad; pero esto no es suficiente.
Exigimos al Gobierno, al Ejército y a Gendarmería, terminar con los abusivos privilegios de que gozan los genocidas encarcelados; Justicia Igual para todos, prisión común para los torturadores.
Exigimos que la Corte Suprema respete la legislación internacional comprometida por el Estado del cual es parte; No más rebajas de condenas, bajo el mecanismo de las medias prescripciones, y que los legisladores en vez de armar shows internacionales que comprometen los lazos fraternos con pueblos hermanos, dicten leyes que sancionen los abusos represivos y protejan los derechos ciudadanos.
VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACION INTEGRAL
COMANDO UNITARIO EX PP Y FAMILIARES
Chile, 23 de julio de 2010
miércoles, 21 de julio de 2010
Declaración Becas Valech Comando Unitario-16 de abril de 2010
Declara lo siguiente:
1. Que el beneficio de las becas de reparación fue establecido por Ley de la República y en lo esencial establece “la continuidad gratuita de estudios de educación básica y media conforme a las normas de enseñanza de adultos y de enseñanza superior, en instituciones de educación superior estatales o privadas reconocidas por el Estado”. Esta Ley se complementa con el Reglamento 32 del MINEDUC, donde se establece que los beneficiarios deberán “dar cumplimiento a los requisitos académicos que cada institución establezca para el ingreso y continuidad de estudios, de conformidad con sus disposiciones internas y las normas generales”. Estas normas generales, aplicables también a los beneficiarios Valech, se encuentran en el Artículo 26º de la LGE, donde se establece que la Licencia de Educación Media será requisito para optar a la continuación de estudios de nivel superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley o por las instituciones de educación superior y en el Artículo 31º de la misma ley, donde se establece que los establecimientos de educación superior reconocidos oficialmente impartirán carreras conducentes a títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos, según corresponda.
2. El proceder de UNIACC con sus “programas especiales” contradice el espíritu de la ley, en tanto evade el hecho de que cualquier estudio de educación superior (profesional o técnico) exige como requisito previo estar en posesión de la Licencia de Educación Media y, en consecuencia, los programas ofertados y sus “títulos” no son válidos ni tienen sustento legal. Esta universidad ha procedido en forma inescrupulosa al ofrecer y entregar títulos profesionales a personas que son analfabetas o no han obtenido su Licencia de Educación Básica o Media. Estos hechos y otras irregularidades fueron de enunciados hace dos años por las seis organizaciones nacionales que conforman el Comando, a las autoridades del Ministerio de Educación, sin que tuviéramos respuesta al respecto.
3. Si bien la denuncia del programa de TVN “Esto no Tiene Nombre” confirma nuestras denuncias, no deja de llamar la atención que justamente ahora encuentren eco en los medios, las autoridades pertinentes y la opinión pública. Estos mismos hechos ya fueron denunciados anteriormente por otros medios como “El Periodista” y “El Mostrador”, sin que hubiera reacción por parte de las autoridades responsables.
4. La gran mayoría de los beneficiarios Valech ha podido dar un buen destino a su beca y esto implica un real aporte al país, sin embargo, existe un gran número de ex prisioneros políticos que fue engañado con programas de universidades guiadas por fines de lucro. En el caso específico de la UNIACC, afirmamos taxativamente que el señor Daniel Farcas Guendelman miente cuando afirma que sus programas fueron solicitados por organizaciones de Derechos Humanos y de ex presos políticos. Lo emplazamos a identificarlas.
5. Coherente con lo anterior el Comando Unitario de Ex PP y Familiares demanda lo siguiente:
- Que se investiguen todas las irregularidades con plena transparencia y se determinen las responsabilidades y sanciones que correspondan.
- Que se restituyan todos los beneficios de la beca Valech a los ex presos políticos engañados, en virtud de que su beca no se ajustó a la Ley, ni al reglamento del Ministerio de Educación.
Finalmente, el Comando Unitario reafirma su compromiso con la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y la defensa irrestricta de los derechos de las y los Ex presos políticos y sus familiares.