En el enlace encontrarán el listado de las nuevas causas seguidas ante el Ministro en Visita Extraordinaria D. Mario Carroza, iniciadas por denuncias presentadas por la Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo anterior, para vuestro conocimiento y revisión.
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sábado, 29 de enero de 2011
RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE-ENERO 2011
RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE-DICIEMBRE 2010
NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS – 28-01-2011
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A diferencia del Servicio de Noticias este material no sólo permite seguir la actualidad sino frecuentemente anticipar acciones y respuestas tendientes a la promoción y la defensa de los derechos humanos.
Las autoridades egipcias deben detener las fuerzas de seguridad
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades egipcias a que refrenen a las fuerzas de seguridad para impedir nuevas muertes de manifestantes en las protestas que continúan teniendo lugar en todo el país.
Tras anunciarse ayer las conclusiones de la revisión de las atribuciones concedidas en materia de seguridad y antiterrorismo, que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior británico, Amnistía Internacional ha condenado una de las recomendaciones formuladas en ella, según la cual se debe apoyar e intentar ampliar el uso de garantías diplomáticas para devolver a personas a países donde estén expuestas a sufrir tortura. La ministra del Interior, Theresa May, anunció ante el Parlamento las conclusiones y recomendaciones de la revisión el 26 de enero.
Uganda: Debe investigarse homicidio de activista de los derechos LGBT
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades ugandesas que garanticen que se lleva a cabo una investigación creíble sobre la muerte de un activista de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTB) que había demandado con éxito a un periódico nacional por publicar su nombre indicando que era homosexual.
Las fuerzas de seguridad bangladeshíes deben poner fin a las ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno británico que se dirija al primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, para expresar su preocupación por los informes sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte del Batallón de Acción Rápida.
Noticias de Derechos Humanos en los medios
Estados Unidos considera que Chile afrontó la muerte de Pinochet mejor que España la de Franco
Washington celebró la forma en que Chile afrontó la muerte del dictador, en oposición al caso de España
Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder”
Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global.
Felipe Larraín: Mantenemos la promesa de eliminar la extrema pobreza en cuatro años
El ministro de Hacienda sostuvo que la creación de empleo aplacará este índice. Afirmó que ahora se deben generar trabajos de mayor calidad para la población.
El Constitucional francés avala la prohibición del matrimonio homosexual
El Consejo Constitucional francés ha considerado que la prohibición del matrimonio homosexual tal y como lo recoge el actual Código Civil es conforme a la Carta Magna en una sentencia que ha hecho pública este viernes. El fallo era muy esperado en Francia, donde los colectivos homosexuales confiaban en que una sentencia favorable a sus intereses abriría la vía a la legalización de este tipo de uniones.
Violencia intrafamiliar: Región Metropolitana concentra mayoría de casos
Un estudio realizado por la ONG Activa reveló además que la mayor cantidad de casos se producen los fines de semana, períodos estivales y días festivos.
Amnistía Internacional exige al Gobierno liberar a jueza Afiuni
A través de un comunicado, la subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, pide a las autoridades venezolanas prestar la atención médica necesaria a la jueza María Lourdes Afiuni.
Misterio de violencia en el buque alemán
Las imágenes difundidas en portales de Internet muestran los vejámenes que habrían sufrido jóvenes cadetes del velero “Gorch Fock”, de la escuela de marina de alemana. El buque está anclado en Ushuaia y una comisión del país germano evaluará lo acontecido. Además, se intentarán esclarecer dos muertes.
Legalizar prostitución no terminará con la violencia hacia mujeres
En lugares donde se ha legalizado el comercio sexual los empresarios han multiplicado sus ganancias, pero la situación de las mujeres no cambia, ya que siguen viviendo en condiciones de explotación y violencia.
Justicia investigará la muerte de Salvador Allende
La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó 726 querellas por violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidas por la Justicia.
Naciones Unidas homenajea a las mujeres que fueron víctimas del Holocausto
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, rindió hoy homenaje a las mujeres que sufrieron el horror de los campos de concentración nazis durante el Holocausto.
Agenda de Derechos Humanos
ACCIÓN CALLEJERA: MANOS ROJAS (05 FEBRERO)
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER (08 MARZO)
POSTÍTULO EN DERECHOS HUMANOS Y MUJERES: TEORÍA Y PRÁCTICA
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Extensión de plazo de calificación
INICIATIVA A NO DE LAS VICTIMAS
El miércoles 19 de enero, después de ser aprobado con 94 votos y una abstención por
Esta iniciativa legal prorroga en seis meses la labor de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, establecida en la Ley N° 20.405 para terminar de CALIFICAR los antecedentes presentados hasta el 17 de agosto de 2010. (No se reciben nuevas solicitudes; toda otra información en este sentido es errónea).
El plazo de vigencia del trabajo de la citada Comisión concluía el 17 de febrero de 2011, pero la realidad observada durante el periodo de recepción de casos superó significativamente el número previsto -32 mil 500 casos-, situación que fue representada al Gobierno por sus miembros, quienes plantearon la necesidad de ampliar el plazo establecido.
Ante esto, el Gobierno presento con carácter de urgencia un proyecto de Ley que en lo sustantivo aprueba tres cosas: Ampliación del Plazo, financiamiento y acceso restringido a los archivos de las dos Comisiones que operaron anteriormente (Rettig y Valech), los que están sellados por ley, por 50 años.
Las seis organizaciones nacionales que integramos el Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares hemos colaborado activamente con esta Comisión y entendemos la necesidad de prorrogar su mandato para garantizar un adecuado proceso de calificación; pero denunciamos responsablemente, que esta iniciativa legal presentada por el Ejecutivo, fue hecha a la medida de los funcionarios, pero sin considerar los efectos que esta nueva espera implica para las víctimas, que han envejecido esperando Justicia.
Porque miles de ex presas y ex presos políticos que esperan obtener reconocimiento a su condición y acceso a los magros beneficios asociados –que no reparan el daño causado durante 16 años de Dictadura- deberán esperar seis meses más.
A pesar de que enviamos nuestras observaciones a cada uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando llego el momento de reunirse con quien representa a esta Comisión Calificadora (María Luisa Sepúlveda), y otras autoridades para ver las observaciones y críticas, se utilizo la vieja táctica de invitar a dos dirigentes que no tenían idea del tema, por lo que no aportaron nada a la defensa de los intereses de las víctimas de Prisión Política y Tortura.
Solo la diputada Rubilar, hizo escuchar nuestros planteamientos en esa instancia. En lo central pedíamos, que se diera a conocer en la fecha establecida, el listado de las personas que ya estuvieran calificadas y se prorrogara el plazo para los demás, respetando el 17 de febrero, como la fecha en que se otorga el beneficio de la pensión reparatoria; es decir, que se aplicara el principio de la retroactividad.
El otro tema que representa una odiosa discriminación, es que en caso de fallecimiento, solo pueden heredar el 60% de la pensión las viudas, dejando afuera a los viudos y a las convivientes con hijos, lo que incluso llevo a Claudio Alvarado, Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia a comprometer “que el Ejecutivo estudiará tal situación y de ser necesario propondrá una iniciativa legal que la corrija”.
En reuniones sostenidas el miércoles 26 de enero, con María Luisa Sepúlveda y Claudio Herrera de la Comisión Calificadora y luego con Lorena Fries del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los dirigentes de las organizaciones representativas de los Ex PP y Familiares, les hicimos notar nuestra disconformidad con la forma con que se ha llevado este proceso y los resultados del mismo, que perjudica a las mas de 30 mil personas que esperan ser calificadas. Ambas instituciones comprometieron su apoyo a nuestros esfuerzos y esperamos que por parte del Ejecutivo no se dilate mas la petición de entrevista urgente que se le planteo al Ministro del interior y al Presidente de la República, para tratar estos temas y otros como el desmantelamiento de la Brigada de DD.HH de la PDI y las deficiencias en el Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior.
COMANDO UNITARIO DE EX PP Y FAMILIARES.
Jueves 27 de enero de 2011.
domingo, 23 de enero de 2011
INDH PRESENTÓ SUS OBSERVACIONES AL PROYECTO QUE ESTABLECE MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
La Comisión de Constitución del Senado escuchó a los representantes del Instituto de Derechos Humanos; del Movimiento de Minorías Sexuales y a expertos, quienes expusieron sobre la iniciativa.
VISITA: http://www.indh.cl
Este martes el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Pablo González, expuso ante la Comisión de Constitución del Senado una serie de observaciones al proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación.
En la oportunidad, el abogado expresó que el texto legislativo que establece la prohibición de discriminar arbitrariamente por razones de raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política, nacimiento, origen nacional, cultural o socioeconómico, idioma o lengua, estado civil, orientación sexual, enfermedad, discapacidad, estructura genética o cualquier otra condición social o individual, posee deficiencias en su redacción. Al respecto, continuó, “El INDH considera que esta definición es restrictiva ya que no ampara una diversidad de factores que pueden dar pie a situaciones de discriminación”. Para ello, explicó que los tratados internacionales sobre la materia contemplan una clausula final abierta.
Del mismo modo, el profesional manifestó que el proyecto original establecía el deber del Estado de elaborar políticas y arbitrar acciones afirmativas que fueran necesarias para garantizar que las personas no fueran discriminadas en el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Por lo mismo, señaló que el INDH considera que este artículo debe ser repuesto ya que permite una igualdad sustancial entre todas las personas.
Tras el encuentro, la Senadora Alvear que preside la Comisión de Constitución, aseguró que se recogerán todas las observaciones planteadas con el fin de mejorar el texto de la futura ley.
VISITA: http://www.indh.cl
Derechos humanos: nuevo enfoque
Los DDHH, circunscritos hace años al ámbito judicial, pasan a ser un tema de los políticos, que aceptan debatir lo que habían buscado eludir.
Hace años, estas eran materias encapsuladas en el reducido ámbito de quienes sufren los efectos de un drama, independiente de su rol en él. Los únicos árbitros son los ministros y jueces que aplican leyes con singulares criterios a delitos acaecidos hace más de tres décadas. El texto de Hales marca un cambio profundo: los DDHH, circunscritos hace años al ámbito de lo judicial, pasan a ser un tema político y de los políticos que se reúnen a debatir lo que hasta ahora habían buscado eludir. El reposicionamiento adquirió una dimensión política y actores relevantes del Congreso abren un camino para la tarea pendiente de "una auténtica reconciliación", como la sintetiza el padre Fernando Montes.
Chile ha logrado cuotas de verdad y reparación que superan en mucho a lo obtenido en Argentina, Perú, Brasil, España, Sudáfrica y para qué decir los países de la otrora órbita soviética. La justicia ha actuado interpretando leyes vigentes que ha aplicado basándose en la ficción del secuestro permanente. Las instituciones armadas han cooperado con veracidad y claras muestras de una cultura de valoración de los DDHH y respeto a las víctimas, lo que les ha significado el reconocimiento de pertenecer a todos los chilenos, ser valoradas y queridas por la población. Hoy un número importante de personas que sirvieron en dichas instituciones cumple condenas sintiendo que no se les han aplicado la justicia ni los derechos y beneficios que rigen para todo ciudadano.
Muchos de ellos son, según el padre Montes, hombres que "han evolucionado, madurado, sufrido y recapacitado", y precisa que entre los condenados hay quienes hoy "no constituyen un peligro para la sociedad". Recuerda la petición de la Iglesia para que "se les concediera algunos de los beneficios normalmente entregados a personas que tienen largas condenas".
La tarea de reconciliación va más allá de la solución a esos problemas, pero, por cierto, los incluye. También es importante el anhelo de obtener más verdad. Sin embargo, la parte más compleja se encuentra a nivel político. El país necesita que sus representantes, sin presiones de ningún sector, abandonen la fórmula de que este es sólo un problema judicial y encuentren caminos para cerrar las heridas del pasado que aún subsisten.
Lo anterior no implica olvido, tampoco desacato a la ley o intentos de impunidad. Necesitamos altas cuotas de responsabilidad, verdad y reconocimiento de los propios errores de cada cual. Es el momento para alcanzar consensos que vigoricen un largo camino de reconciliación. Los actores políticos deberían asumir la tarea pendiente de que ningún chileno tenga la sensación de ser prisionero del pasado. Esa es la mejor forma para que nunca más repitamos el drama de un Chile que quiere ser un país plenamente reconciliado.
por Juan Emilio Cheyre - 18/01/2011 - 04:00
LA VIOLACION a los derechos humanos durante el régimen militar; la situación de militares cumpliendo condenas; las estadísticas de apertura de procesos y un debate sobre las responsabilidades en el quiebre de la democracia fueron noticia la semana pasada. Bastó para reposicionar esos temas un corto pero incisivo opúsculo del diputado Patricio Hales, presentado por los diputados Cardemil, Melero, Monckeberg y Auth.Hace años, estas eran materias encapsuladas en el reducido ámbito de quienes sufren los efectos de un drama, independiente de su rol en él. Los únicos árbitros son los ministros y jueces que aplican leyes con singulares criterios a delitos acaecidos hace más de tres décadas. El texto de Hales marca un cambio profundo: los DDHH, circunscritos hace años al ámbito de lo judicial, pasan a ser un tema político y de los políticos que se reúnen a debatir lo que hasta ahora habían buscado eludir. El reposicionamiento adquirió una dimensión política y actores relevantes del Congreso abren un camino para la tarea pendiente de "una auténtica reconciliación", como la sintetiza el padre Fernando Montes.
Chile ha logrado cuotas de verdad y reparación que superan en mucho a lo obtenido en Argentina, Perú, Brasil, España, Sudáfrica y para qué decir los países de la otrora órbita soviética. La justicia ha actuado interpretando leyes vigentes que ha aplicado basándose en la ficción del secuestro permanente. Las instituciones armadas han cooperado con veracidad y claras muestras de una cultura de valoración de los DDHH y respeto a las víctimas, lo que les ha significado el reconocimiento de pertenecer a todos los chilenos, ser valoradas y queridas por la población. Hoy un número importante de personas que sirvieron en dichas instituciones cumple condenas sintiendo que no se les han aplicado la justicia ni los derechos y beneficios que rigen para todo ciudadano.
Muchos de ellos son, según el padre Montes, hombres que "han evolucionado, madurado, sufrido y recapacitado", y precisa que entre los condenados hay quienes hoy "no constituyen un peligro para la sociedad". Recuerda la petición de la Iglesia para que "se les concediera algunos de los beneficios normalmente entregados a personas que tienen largas condenas".
La tarea de reconciliación va más allá de la solución a esos problemas, pero, por cierto, los incluye. También es importante el anhelo de obtener más verdad. Sin embargo, la parte más compleja se encuentra a nivel político. El país necesita que sus representantes, sin presiones de ningún sector, abandonen la fórmula de que este es sólo un problema judicial y encuentren caminos para cerrar las heridas del pasado que aún subsisten.
Lo anterior no implica olvido, tampoco desacato a la ley o intentos de impunidad. Necesitamos altas cuotas de responsabilidad, verdad y reconocimiento de los propios errores de cada cual. Es el momento para alcanzar consensos que vigoricen un largo camino de reconciliación. Los actores políticos deberían asumir la tarea pendiente de que ningún chileno tenga la sensación de ser prisionero del pasado. Esa es la mejor forma para que nunca más repitamos el drama de un Chile que quiere ser un país plenamente reconciliado.
Noticias Amnistia Internacional
NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS – 20-01-2011
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Suscríbase al Servicio de Información Pública - Estar informados/as hoy día es clave para comprender la realidad y actuar sobre ella. Por eso Amnistía Internacional - Chile ofrece un servicio gratuito de monitoreo de información pública sobre temas de Derechos Humanos, extraída diariamente de medios publicados en Chile.
A diferencia del Servicio de Noticias este material no sólo permite seguir la actualidad sino frecuentemente anticipar acciones y respuestas tendientes a la promoción y la defensa de los derechos humanos.
EEUU debe investigar los presuntos crímenes de guerra del presidente de Sri Lanka
Estados Unidos debe investigar al presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapksa, que realiza hoy una visita inesperada a Estados Unidos, por su presunto papel en torturas y crímenes de guerra, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Noticias de Derechos Humanos en los medios
Masticarán coca en plazas de Bolivia en campaña ante la ONU
Los indígenas y organizaciones sociales que respaldan la campaña de Morales se sentarán en plazas en torno de pequeños montones de hojas secas de coca y la masticarán en grupo, como suelen hacer los aborígenes bolivianos cada vez que van a realizar un trabajo colectivo
REGRESAN A CAÑETE OBSERVADORES (AS) INTERNACIONALES
Durante esta última semana han arribado a Cañete, nuevamente, observadores internacionales que acompañaron a los PPM y familiares durante las primeros meses de juicio, además nuevos observadores internacionales, profesionales, medios de comunicación...
Graves irregularidades en juicio a comuneros mapuche en Cañete
Más de 35 testigos protegidos, penas que amenazan con 103 años de cárcel, doble proceso judicial -militar y civil- y una prisión preventiva que ya supera el año y 8 meses, son algunos de los rasgos del juicio que actualmente se desarrolla en Cañete contra 17 comuneros mapuches. Han pasado más de tres meses desde el fin de la huelga de hambre mapuche y el conflicto aún no es resuelto.
Sernam y Junji de Valparaíso trabajarán por la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
La Seremi Directora de Sernam, Ana María Pacheco, se reunió con la Directora Regional de Gestión de Junji, Evelyn Mansilla, para coordinar el trabajo de ambas instituciones en beneficio de las mujeres y los niños de la Región de Valparaíso.
Hu dice que China debe mejorar situación en DDHH tras presión de Obama
Durante la ceremonia de bienvenida al líder chino, Barack Obama instó a China a respetar los derechos humanos.
MOVILH califica de homofóbico y cínico proyecto de Ley sobre matrimonio heterosexual
Los senadores RN Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Baldo Prokurika presentaron un proyecto de ley que busca impedir a nivel constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, violentando el Estado laico y la igualdad legal.
La ONU debate un estatuto para los "refugiados del hambre"
Los 18 expertos que deben proponer nuevas normas en la ONU sobre derechos humanos van a pedir el viernes la creación de un estatuto para proteger a los llamados "refugiados del hambre", indica un documento elaborado en Ginebra, al que accedió este jueves la AFP.
Agenda de Derechos Humanos
Acción callejera: Manos rojas (05 febrero)
Ciclo cine de la memoria (18,19 y 20 enero)
Estreno: Nguenen, el engaño (20 enero)
Teatro: Diatriba de la victoria (16 al 23 enero)
20 años de Políticas Públicas de Género (21 enero)
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sábado, 8 de enero de 2011
El estado de los Derechos Humanos en Chile: Visión y desafíos desde la sociedad civil y pueblos indígenas
El estado de los Derechos Humanos en Chile: Visión y desafíos desde la sociedad civil y pueblos indígenas
A pesar de los compromisos manifestados por Sebastián Piñera en la materia, tanto en su programa de gobierno como más tarde, en el mensaje que como Presidente presentara ante el Congreso Nacional, los avances en el cumplimiento de dichos compromisos así como de las obligaciones adquiridas por el estado de Chile a través de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito, son muy insuficientes.
En el día internacional de los derechos humanos, un grupo de organizaciones de sociedad civil y de pueblos originarios hacemos llegar a la opinión pública nuestra visión sobre la situación de estos derechos en Chile en la actualidad, así como sobre los desafíos que ellos plantean al estado y a la sociedad chilena.
Constatamos que el 2010 ha sido un año deficitario para la vigencia de estos derechos en el país, ya que no solo no se ha avanzado en la introducción de reformas jurídicas y políticas imprescindibles para hacer posible el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, sino que tampoco se han adoptado las políticas públicas que permitan asegurar su ejercicio efectivo.
A pesar de los compromisos manifestados por Sebastián Piñera en la materia, tanto en su programa de gobierno como más tarde, en el mensaje que como Presidente presentara ante el Congreso Nacional, los avances en el cumplimiento de dichos compromisos así como de las obligaciones adquiridas por el estado de Chile a través de tratados y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito, son muy insuficientes. Así observamos que el estado chileno no ha adoptado las medidas necesarias para implementar las recomendaciones que la comunidad internacional le ha formulado en materia de derechos humanos.
Entre los ámbitos de derechos humanos en que nuestro país tiene el más grave déficit destacamos la persistencia del Decreto-Ley de Amnistía cuya derogación fuera mandatada por la Corte IDH al estado chileno en la sentencia pronunciada en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile el 2006, legislación que impide hacer justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos del pasado. También nos preocupa la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles, en contradicción con lo dispuesto por la CIDH en la sentencia recaída en el caso Palamara Iribarne v. Chile (2005), en la que conminó al estado a modificar el Código de Justicia Militar, limitando su jurisdicción al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar. La ley aprobada por el Congreso en octubre pasado en el contexto de la huelga de hambre que este año desarrollaron los mapuche procesados por Ley Antiterrorista mantuvo pendiente para el futuro la discusión sobre el término del fuero militar para juzgar a civiles por delitos en contra de militares
En materia de derechos políticos nos preocupa la vigencia del sistema electoral binominal, el que impide a amplios sectores de la ciudadanía de la posibilidad de contar con representación política en el parlamento, lo que ha desincentivado el derecho a la participación política por la vía electoral. También nos preocupa la dilación en la discusión de materias como la inscripción automática y el voto voluntario, el voto de quienes residen en el exterior, así como la reglamentación de la elección popular de los gobiernos regionales.
En materia de derechos de pueblos indígenas, no obstante la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT, sigue sin lograrse el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, y sin reformarse la legislación sectorial que resulta contradictoria con las disposiciones de este Convenio internacional. Igualmente preocupante son los proyectos de inversión en territorios indígenas que se siguen imponiendo en contra la voluntad de las comunidades y con graves impactos sociales, culturales y ambientales. Nos preocupa además la paralización de la política de tierras indígenas y los nuevos enfoques de política pública que priorizan la superación de la pobreza por sobre la restitución de tierras de propiedad ancestral conforme a los lineamientos del derecho internacional.
Otro hecho grave ha sido el procesamiento por Ley Antiterrorista de integrantes del pueblo mapuche por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras. El acuerdo suscrito entre los presos mapuche y el gobierno al término de la huelga de hambre que los primeros sostuvieran por más de 80 días, mediante el cual este último se comprometió a recalificar las querellas de carácter terrorista que había presentado contra los mapuche imputados, ha sido cumplido solo de manera parcial por el Gobierno.
En materia de derechos de la mujer, el estado sigue sin ratificar del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, así como tampoco ha dado cumplimiento a la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de derogar el régimen actual de sociedad conyugal que discrimina en contra de las mujeres impidiéndoles la administración de sus bienes. Tampoco se avanzó en el debate legislativo de medidas contra la discriminación y en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas que viven juntas con independencia de su orientación sexual. Preocupa además el retroceso en la participación política de las mujeres al haberse puesto fin a la paridad en altos cargos gubernamentales.
En materia de derechos de los y las migrantes sigue sin abordarse una realidad social creciente en el país lo que resulta en un trato discriminatorio tanto legal como cultural en su contra. Durante el año 2010 no se introdujeron cambios a la legislación que se les aplica, salvo una legislación relativa a la protección de los refugiados (Ley N° 20.430 de abril de 2010) pero cuya reglamentación se encuentra pendiente, lo que la hace inoperativa a la fecha.
En materia de derecho al medio ambiente, la Ley N°20.417 promulgada en enero pasado reformando la Ley de Bases del Medio Ambiente (N°19.300 de 1994), si bien fortalece la institucionalidad ambiental, no introduce avances significativos en lo referido a la garantía del derecho de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, ni en lo que se refiere a la evaluación ambiental estratégica. También resulta preocupante el respaldo abierto que el actual gobierno ha otorgado a proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, y de explotación comercial en áreas protegidas del estado, que vulneran los derechos de las comunidades locales e indígenas, y tienen graves impactos adversos en el medio ambiente.
Por otro lado se mantiene la privatización de los recursos hídricos en Chile, establecida en la Constitución en 1980 y en el Código de Agua de1981, legislación que ha generado monopolización de los derechos de agua por grupos económicos, la circulación especulativa del recurso y el desabastecimiento de los usuarios tradicionales. El régimen de aguas así concebido ha generado graves conflictos hídricos en el país. Es así como prácticamente todos los conflictos ambientales que conciernen a empresas extractivas de recursos naturales en Chile, involucran cuestiones críticas en relación a los recursos hídricos.
En materia de derechos ciudadanos, se valora la aprobación por el Congreso, tras casi una década de discusión, de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Esta ley, que viene a regular el derecho constitucional de asociación, si bien contiene avances en algunas materias, no incorpora muchas de las propuestas que fueron elaboradas desde la sociedad civil para fortalecer el rol de las organizaciones sociales en la vida pública. Su aprobación tampoco va asociada a la dotación de un presupuesto que permita que un financiamiento público para el desarrollo de la sociedad civil y la participación ciudadana.
Lamentamos la falta de voluntad política real para incluir en la agenda la idea de legislar en favor de la creación de una Defensoría de las Personas (Ombudsman) verdaderamente autónoma, con legitimación activa y plenamente conforme con los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos o Principios de París.
Constatamos con preocupación que se ha mantenido el excesivo rol de las policías, en particular a Carabineros, sin el debido control por parte de la autoridad sobre el uso abusivo de la fuerza por parte de sus integrantes. Como resultado de lo anterior se han verificado numerosos casos de violencia policial en contra de la población civil, y en especial, de personas pertenecientes a a los pueblos indígenas.
Nos preocupan las deplorables condiciones de vida de los internos en los centros penitenciarios del país, la sobrepoblación en relación a la capacidad del sistema penitenciario, los castigos en celdas solitarias y otros, los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de que son objeto. Dos hechos críticos evidencian el 2010 el agravamiento de esta situación; el terremoto de febrero que afectó seriamente la infraestructura carcelaria de recintos de las regiones Séptima y Octava regiones con un saldo de once muertos y ocho heridos, además de fugas masivas y amotinamientos, y al momento de elaborarse esta opinión, el incendio que afecto al penal de San Miguel que provocó la muerte de más de 80 reclusos.
En materia de derechos económicos sociales y culturales, constatamos con preocupación la persistencia de serias limitaciones al ejercicio de derechos laborales, entre ellos el derecho de sindicación y el derecho a huelga. Por otro lado, el accidente ocurrido en la mina San José cerca de Copiapo, dejó en evidencia la falta de protección y seguridad laboral existentes en el país, cuyas consecuencias para los trabajadores son graves.
Cuestionamos además el rol desarrollado por el estado en apoyo de las víctimas del terremoto, así como la insuficiencia y descoordinación de las políticas públicas para garantizar sus derechos básicos de salud, vivienda y educación luego del sismo. También resulta preocupante el incremento de la pobreza en el país de acuerdo a la última encuesta CASEN (Julio 2010), así como el deterioro en la distribución del ingreso constatada por la misma encuesta.
En el campo de libertad de expresión y derecho a la comunicación, condenamos la vigencia del Artículo 36B(a) de la Ley general de telecomunicaciones como atentatorio a los derechos humanos y a la libertad de expresión, el que establece penas carcelarias a radios que transmiten sin autorización. Durante el año 2010 se han denunciado 6 casos de aplicación de dicho articulado, donde se han incautado equipos a radiodifusores comunitarios y se han cerrado emisoras. A esto se suma la débil legislación en radios comunitarias promulgada en mayo 2010, cuya revisión y adecuación a los estándares internacionales de libertad de expresión es imprescindible.
Finalmente, nos preocupan gravemente los problemas de que adolece la institucionalidad jurídica vigente, la que sustentada en la Constitución de 1980, proyecta los valores y principios de la génesis autoritaria de ésta, lo que repercute de manera directa en la vigencia de los derechos humanos en Chile. A pesar de las reformas a dicha Constitución esta sigue manteniendo un núcleo de derechos de marcado sesgo liberal, que enfatiza el resguardo a la propiedad privada, apenas consagra el derecho al trabajo, y privilegia la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Asimismo, continúan existiendo las llamadas leyes de “súper mayoría” (Leyes Orgánicas Constitucionales, Leyes de Quorum Calificado), que son las que configuran los lineamientos básicos de la política, la economía y la sociedad, y que, debido a su alto quórum de reforma, impiden el cambio de los lineamientos elaborados por el gobierno militar, haciendo imposible un verdadero gobierno de la mayoría. Siguen existiendo mecanismos de control “contramayoritarios” como el Tribunal Constitucional, el que por sus objetivos, atribuciones y conformación, continúa erigiéndose como un obstáculo para el desarrollo de una democracia legitima, y para la plena y efectiva vigencia de los derechos humanos en Chile.
Consideramos, por lo mismo, que dicha institucionalidad se ha transformado en un obstáculo central para el reconocimiento de los derechos humanos y para la profundización de la democracia en nuestro país. Por lo mismo, hacemos un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a los distintos poderes del estado a desarrollar un debate sobre la relación existente entre los déficit que nuestro país tiene en materia de derechos humanos con el marco institucional vigente, en particular la Constitución Política de 1980, que a nuestro juicio consideramos urgente sustituir por una nueva Constitución emanada del ejercicio efectivo de la soberanía.
Llamamos también a los movimientos sociales, de derechos humanos, a los pueblos indígenas, a desarrollar alianzas que permitan el desarrollo de estrategias comunes de trabajo que vayan más allá de aquellas que desarrollan para alcanzar las legitimas demandas por derechos que orientan su acción, de modo de abordar desde una perspectiva común, con respeto a la diversidad cultural, generacional y de género, los enormes desafíos que desde la perspectiva de derechos humanos tiene nuestro país, los que nuestro entender requieren de transformaciones institucionales profundas.
Llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuya creación como institución nacional de derechos humanos valoramos, a trabajar en forma colaborativa con la sociedad civil en la introducción de las reformas jurídicas políticas y culturales necesarias para hacer posibles las transformaciones de derechos humanos que anhelamos
Finalmente, hacemos un llamado al Sistema de Naciones Unidas en Chile a cooperar más activamente con la sociedad civil en nuestros esfuerzos por monitorear el cumplimiento por parte del estado de Chile de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, le instamos a apoyar la difusión y otras acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratado, los procedimientos especiales, han hecho a Chile en esta materia en los últimos años cuyo cumplimiento sigue pendiente.
10 de diciembre de 2010.
ACCIÓN (ASOCIACIÓN CHILENA DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES)
AMNISTÍA INTERNACIONAL CHILE
ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, RAMA CHILENA
CINPRODH (CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)
CINTRAS (CENTRO DE SALUD MENTAL Y DERECHOS HUMANOS)
CODEPU (CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)
CONSEJO DE PUEBLOS LICKAN ANTAY (ATACAMEÑOS)
COORDINADORA AYMARA POR LA DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE ARICA PARINACOTA
COORDINADORA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DE VALDIVIA
CORPORACION HUMANAS (CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO)
CORPORACIÓN LA MORADA
FUNDACIÓN TERRAM
LIBERAR (APRUPACIÓN POR LA LIBERTAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS)
OBSERVATORIO CIUDADANO
WALLMAPUWEN
RESUMEN DERECHOS HUMANOS EN CHILE-DICIEMBRE 2010
Desalojo en Rapa Nui a familia que se tomó terrenos
3 de diciembre: 7 detenidos y 6 lesionados, 3 carabineros y 3 civiles, fue el resultado de un desalojo que se llevó a cabo en terrenos fiscales que fueron ocupados por familias en Rapa Nui quienes reclaman las propiedades como suyas.
Los terrenos permanecían tomados desde hace 3 meses por miembros de la familia Pakarati, quienes fueron formalizados por los delitos de amenazas, violación de morada con intimidación y usurpación. Señalaron que Carabineros “entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían”.
Los terrenos permanecían tomados desde hace 3 meses por miembros de la familia Pakarati, quienes fueron formalizados por los delitos de amenazas, violación de morada con intimidación y usurpación. Señalaron que Carabineros “entraron disparando balas al aire y golpeando con sus fusiles a las personas que a esa hora dormían”.
Caso FARC: Juez Muñoz levanta prisión preventiva a Olate
4 de diciembre: Manuel Olate, sindicado por Colombia de ser un nexo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Chile, fue dejado en libertad por el ministro Sergio Muñoz, al revisar las medidas cautelares en su contra.
Olate dejó el penal de Santiago 1, donde se encontraba en prisión preventiva desde el 30 de octubre pasado, pero continuará bajo arresto domiciliario y arraigo nacional, lo que le impide salir del país, según lo dispuesto por el magistrado.
Olate dejó el penal de Santiago 1, donde se encontraba en prisión preventiva desde el 30 de octubre pasado, pero continuará bajo arresto domiciliario y arraigo nacional, lo que le impide salir del país, según lo dispuesto por el magistrado.
Presentan primera querella por violación en dictadura
7 de diciembre: La Corporación Humanas interpuso la primera querella por violencia sexual como forma de tortura, sufrida por una mujer durante la dictadura de Augusto Pinochet. El caso de Patricia Herrera, una militante del Partido Socialista que fue detenida en 1974 y que fue víctima de todo tipo de vejaciones, marcó un hito en materia de justicia de Derechos Humanos, ya que por primera vez el Estado tendrá que investigar judicialmente un tema que se ha mantenido silenciado hasta ahora.
"Es una querella simbólica porque es la primera vez que estamos diciendo con todas sus letras: las mujeres fueron torturadas durante el gobierno militar y la forma de tortura que sufrieron fue la violencia sexual", dijo la abogada Paulina Maturana.
"Es una querella simbólica porque es la primera vez que estamos diciendo con todas sus letras: las mujeres fueron torturadas durante el gobierno militar y la forma de tortura que sufrieron fue la violencia sexual", dijo la abogada Paulina Maturana.
INDH entrega su primer Informe de Derechos Humanos
9 de diciembre: En el Centro Cultural Palacio La Moneda se entregó al gobierno, representado en el Presidente de la República, Sebastián Piñera; al Presidente de la Corte Suprema, Miltón Juica y; al Congreso, representado en la Presidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Sepúlveda, el primer “Informe Anual 2010: Situación de los Derechos Humanos en Chile” que elaboró el reciente creado Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“Se trata, como ocurre en más de cien países que cuentan con este tipo de instituciones, que quienes habitamos en Chile dispongamos de un espejo en el que mirarnos y revisar críticamente los avances y retrocesos que hemos tenido como sociedad en la vigencia y respeto a los derechos humanos”, dijo la Directora en su presentación.
“Se trata, como ocurre en más de cien países que cuentan con este tipo de instituciones, que quienes habitamos en Chile dispongamos de un espejo en el que mirarnos y revisar críticamente los avances y retrocesos que hemos tenido como sociedad en la vigencia y respeto a los derechos humanos”, dijo la Directora en su presentación.
Sacerdote Alfonso Baeza: Reos están en condición “inhumana”
10 de diciembre: Tras la muerte de 81 internos del penal de San Miguel el sacerdote Alfonso Baeza, presidente del directorio de FASIC, señaló que las condiciones en las cárceles chilenas son inhumanas.
“Lo que me ha llamado la atención es la inhumanidad. Creo que el diagnóstico todos lo han hecho, hasta el Presidente lo ha hecho, diciendo que esto es inhumano, y lo que a mí me preocupa es que esta cosa sirva para que de una vez por todas se haga algo para diminuir la cantidad de gente que está en las cárceles, para que den la libertad como lo pedían los obispos hace unos meses”, expresó.
“Lo que me ha llamado la atención es la inhumanidad. Creo que el diagnóstico todos lo han hecho, hasta el Presidente lo ha hecho, diciendo que esto es inhumano, y lo que a mí me preocupa es que esta cosa sirva para que de una vez por todas se haga algo para diminuir la cantidad de gente que está en las cárceles, para que den la libertad como lo pedían los obispos hace unos meses”, expresó.
Concluye exhumación de José Tohá en el cementerio
10 de diciembre: 45 minutos demoró la exhumación del cadáver del ex ministro de la Unidad Popular, José Tohá. La diligencia se desarrolló en el mausoleo de la familia en el Cementerio General y fue encabezada por el ministro que indaga las circunstancias de su deceso, Jorge Zepeda.
En la diligencia estuvo presente la viuda, Moy de Tohá, el abogado, Nelson Caucoto y abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Cabe recordar que José Tohá murió mientras se encontraba internado en el antiguo Hospital Militar de Santiago, donde permanecía hospitalizado a raíz de diversas torturas aplicadas por agentes de la dictadura mientras estuvo detenido en la Academia de Guerra Aérea.
En la diligencia estuvo presente la viuda, Moy de Tohá, el abogado, Nelson Caucoto y abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Cabe recordar que José Tohá murió mientras se encontraba internado en el antiguo Hospital Militar de Santiago, donde permanecía hospitalizado a raíz de diversas torturas aplicadas por agentes de la dictadura mientras estuvo detenido en la Academia de Guerra Aérea.
Ex militar que trabaja en el Pentágono fue acusado de torturar prisioneros
13 de diciembre: El brigadier (r) del Ejército chileno Jaime García Covarrubias, que integró la policía secreta de Augusto Pinochet y que desde 2001 trabaja para el Pentágono, fue acusado de torturar a prisioneros y obligarlos a cometer aberraciones sexuales.
Así lo señalaron ex prisioneros en el juicio que se sigue en Chile contra el militar que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de EE.UU.
Herman Carrasco lo acusó de haberlo torturado junto a otros prisioneros. "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró Carrasco. Otro ex detenido, Víctor Maturana, testimonió que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".
Así lo señalaron ex prisioneros en el juicio que se sigue en Chile contra el militar que trabaja como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa de EE.UU.
Herman Carrasco lo acusó de haberlo torturado junto a otros prisioneros. "El oficial Jaime García Covarrubias comenzó a golpearnos y desnudos nos obligó a efectuar actos sodomíticos, sin éxito", declaró Carrasco. Otro ex detenido, Víctor Maturana, testimonió que "de mis torturadores pude identificar al capitán Nelson Ubilla, y a los tenientes Manuel Vásquez Chahuán y Jaime García Covarrubias".
Caso Bombas: Corte revoca libertad de mujer detenida
14 de diciembre: Un vuelco tuvo ayer en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la resolución que la semana pasada le otorgó la libertad a Andrea Macarena Urzúa Cid una de las personas que la Fiscalía Metropolitana Sur sindica como parte del grupo anarquista que ha colocado bombas en distintos puntos de la capital en los últimos cinco años.
A la joven se la involucró en este caso el 18 de septiembre de 2008, cuando fue detenida por intentar ingresar explosivo TNT a la cárcel de Neuquén, en Argentina. Allí estaban recluidos los ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, hoy detenidos e imputados por el asalto al Banco Security de octubre de 2007, en el que fue asesinado el carabinero Luis Moyano.
14 de diciembre: Un vuelco tuvo ayer en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la resolución que la semana pasada le otorgó la libertad a Andrea Macarena Urzúa Cid una de las personas que la Fiscalía Metropolitana Sur sindica como parte del grupo anarquista que ha colocado bombas en distintos puntos de la capital en los últimos cinco años.
A la joven se la involucró en este caso el 18 de septiembre de 2008, cuando fue detenida por intentar ingresar explosivo TNT a la cárcel de Neuquén, en Argentina. Allí estaban recluidos los ex lautaristas Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, hoy detenidos e imputados por el asalto al Banco Security de octubre de 2007, en el que fue asesinado el carabinero Luis Moyano.
Seis efectivos de Carabineros son dados de baja por "maltrato psicológico" contra civil
14 de diciembre: Seis efectivos de la 50° Comisaría de Carabineros de San Joaquín fueron dados de baja, luego de ser vinculados a una escena de "maltrato psicológico" contra un hombre en dicha comuna. Se trata de cuatro oficiales y dos cabos de la institución, quienes amenazaron con armas de fuego y sometieron a tratos vejatorios a un sujeto al interior de un vehículo policial.
La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, señaló que “hay que llamar las cosas por su nombre y lo que aquí ocurrió no son malos tratos, la figura que aquí corresponde utilizar es la de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
UDI se asesora por experto en DDHH en caso Guzmán
14 de diciembre: La UDI confirmó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una presentación que permita extraditar desde Argentina al ex frentista Sergio Galvarino Apablaza, en el marco de la investigación por el asesinato de Jaime Guzmán.
Así lo señalaron los senadores gremialistas Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Jovino Novoa tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para conocer las gestiones con el gobierno trasandino sobre la extradición de quien es sindicado como uno de los autores del crimen.
En la cita, también estuvo el abogado Claudio Grossman, a quien la UDI pidió asesoría “para que nos permita acceder a la justicia”. Grossman es, además, presidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y miembro del directorio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Así lo señalaron los senadores gremialistas Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Pablo Longueira y Jovino Novoa tras reunirse con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para conocer las gestiones con el gobierno trasandino sobre la extradición de quien es sindicado como uno de los autores del crimen.
En la cita, también estuvo el abogado Claudio Grossman, a quien la UDI pidió asesoría “para que nos permita acceder a la justicia”. Grossman es, además, presidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y miembro del directorio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Carabineros dados de baja: Directora del Instituto de DD.HH. molesta con Hinzpeter
15 de diciembre: La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, manifestó su molestia con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien anunció que enviaría los antecedentes de los carabineros de la Legua, dados de baja, a la entidad para que inicie acciones judiciales.
Fríes expresó, sobre el caso, que van a estudiar eventuales querellas agregando que “nosotros no actuamos como resorte del Ministerio del Interior, menos aún cuando se nos comunica por la prensa que tenemos que hacer uso de nuestras facultades. Nosotros somos un organismo autónomo y decidiremos lo que conviene hacer con el mérito de nuestra propia investigación”.
Fríes expresó, sobre el caso, que van a estudiar eventuales querellas agregando que “nosotros no actuamos como resorte del Ministerio del Interior, menos aún cuando se nos comunica por la prensa que tenemos que hacer uso de nuestras facultades. Nosotros somos un organismo autónomo y decidiremos lo que conviene hacer con el mérito de nuestra propia investigación”.
Comisión Valech pide prórroga al Presidente para entrega de nuevo informe
15 de diciembre: Miembros de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, acudieron a La Moneda para solicitar la ampliación del plazo de entrega del análisis de los 32.500 nuevos casos que fueron recibidos por la entidad entre febrero y agosto del 2010.
Según lo establecido en la ley 20.405, esta comisión debe entregar el próximo 17 de febrero los resultados de la calificación de aquellos casos que quedaron fuera del registro anterior, realizado en 2003 por la comisión liderada por el sacerdote Sergio Valech, quien falleció el 24 de noviembre pasado.
Los comisionados pidieron que se patrocine en el Congreso una ampliación del plazo por seis meses para la entrega de los resultados de este informe.
Según lo establecido en la ley 20.405, esta comisión debe entregar el próximo 17 de febrero los resultados de la calificación de aquellos casos que quedaron fuera del registro anterior, realizado en 2003 por la comisión liderada por el sacerdote Sergio Valech, quien falleció el 24 de noviembre pasado.
Los comisionados pidieron que se patrocine en el Congreso una ampliación del plazo por seis meses para la entrega de los resultados de este informe.
Juica recibe a juez chileno de la Corte de DD.HH.
16 de diciembre: El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Milton Juica, recibió en audiencia al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Vio Grossi. El magistrado es el único chileno miembro titular de un tribunal internacional permanente. Su período como juez comenzó el 1 de enero de este año y finaliza el 31 de diciembre de 2016.
La Moneda apunta a gobierno anterior por exonerados
17 de diciembre: Una serie de irregularidades detectadas en el proceso de calificación de exonerados políticos, durante la administración de Michelle Bachelet, dio a conocer la Subsecretaría del Interior. Rodrigo Ubilla, subsecretario de la cartera, dijo que las anomalías no fueron investigadas por el gobierno anterior. "Se relajaron los criterios de calificación", dijo.
Francia: Condenan a perpetua a Manuel Contreras
17 de diciembre: El Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Se trata de los casos de Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández.
El fiscal general Pierre Kramer solicitó una condena de 20 años de prisión contra el ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras. No obstante, el juez Hervé Stephan consideró grave la responsabilidad de Contreras en el caso y lo condenó a presidio perpetuo. A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, sostuvo el magistrado al leer la sentencia.
El general (R) Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que el coronel (R) Marcelo Luis Moren Brito y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.
17 de diciembre: El Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Se trata de los casos de Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández.
El fiscal general Pierre Kramer solicitó una condena de 20 años de prisión contra el ex director de la DINA, general (R) Manuel Contreras. No obstante, el juez Hervé Stephan consideró grave la responsabilidad de Contreras en el caso y lo condenó a presidio perpetuo. A la misma pena máxima fue condenado su número dos en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, sostuvo el magistrado al leer la sentencia.
El general (R) Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que el coronel (R) Marcelo Luis Moren Brito y el coronel (R) Miguel Krassnoff Martchenko.
Por estafa procesan a mujer por caso de falso desaparecido
21 de diciembre: El juez Alejandro Solís procesó por estafa a Lidia Esmerita Reyes Millar, por el caso de falsos detenidos desaparecidos. Reyes denunció, en 1990, que su ex marido era detenido desaparecido, permitiéndole recibir beneficios que otorga la ley. Sin embargo, se estableció que su pareja nunca tuvo dicha condición, ya que falleció en 1982.
Renuncia director del FOSIS de Arica tras acusación de supuestos tratos xenófobos
28 de diciembre: El director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Socia (FOSIS) de Arica y Parinacota, Patricio Piña, renunció tras ser acusado por un funcionario de presuntas expresiones racistas.
El denunciante, auxiliar de ese servicio, José Corvacho, señaló que el 30 de noviembre supo que no se le renovaría el contrato. Asevera que al consultar a Piña sobre las razones, éste le habría respondido: "No trabajo con negros".
Corvacho afirma que tras oír aquello, pidió ayuda legal a la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente de la comuna de Arica, que solicitó una investigación al gobierno, la que está en curso.
El denunciante, auxiliar de ese servicio, José Corvacho, señaló que el 30 de noviembre supo que no se le renovaría el contrato. Asevera que al consultar a Piña sobre las razones, éste le habría respondido: "No trabajo con negros".
Corvacho afirma que tras oír aquello, pidió ayuda legal a la Oficina de Desarrollo Afrodescendiente de la comuna de Arica, que solicitó una investigación al gobierno, la que está en curso.
Caso Huenante: Carabineros exculpa a policías
29 de diciembre: Tres carabineros dados de baja hace 22 meses por su presunta responsabilidad en la desaparición del joven José Huenante, en 2005, serán reincorporados al servicio tras finalizar un sumario interno. El general Luis Valdés, jefe de la X Zona Policial, explicó que "se aplicaron medidas por adulteración en dos registros de los libros de patrullaje, pero son faltas administrativas y no tienen que ver con la desaparición".
Huenante fue detenido por lanzar piedras a un furgón policial. Luego su rastro se perdió.
INDH acusa uso desmedido de la fuerza
30 de diciembre: El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en una declaración pública denunció uso desmedido de la fuerza policial sobre los hechos acontecidos este 29 de diciembre en Isla de Pascua y que han afectado a grupos de habitantes de pueblos originarios.
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos -señala el comunicado- deplora el uso desmedido de la fuerza en reemplazo del diálogo y la moderación que los compromisos internacionales y la prudencia exigen, por lo que formulamos un llamado al Gobierno a reponer las condiciones para una solución pacífica del conflicto, en términos armónicos con las obligaciones y criterios contenidos en el Convenio 169, la Declaración de la ONU y los demás instrumentos de DDHH pertinentes”.
Más información en: www.fasic.org
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